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MITOS Y REALIDADES DE LA INMIGRACION

En la historia de la humanidad nunca como hoy en día había existido tanta gente desplazada, desarraigada de sus lugares de origen. Son muchas las etiquetas que se colocan a la población migrante: ilegales, mojados, aliens, criminales, braceros, trabajadores internacionales... obviamente ninguna étiqueta impuesta hace honor a las personas ni describe las condiciones que ocasionan la migración. Es por eso que la descripción de la comunidad migrante como peregrinos y peregrinas de la dignidad recoge mejor las dimensiones sociales y personales de la migración.

Cuando quienes migran buscando una vida más digna acaban encontrando condiciones en donde esa dignidad les sigue siendo negada; la sociedad entera enfrenta un grave problema político, ecónomico y social.

A continuación se ofrece una síntesis de información general que puede ayudar a enmarcar las discusiones sobre el complejo tema de la migración a los Estados Unidos.

Las Naciones Unidas estiman que hoy en día hay más de 125 millones de personas desplazadas en el mundo. La guerra y los conflictos violentos contribuyen a esta población con cerca de 10,000 personas cada día. La mayoría de la gente migra debido a razones económicas, desplazándose desde las naciones pobres del Sur hacia las naciones más ricas del Norte. Desde 1960 el número de migrantes económicos yendo de países en desarrollo a naciones industrializadas se ha cuadruplicado.

Los cambios en la economía global han sido acompañados por una creciente concentración de la riqueza dentro de las naciones más ricas receptoras de migrantes. El gobierno de los EU, al igual que los de otras naciones industrializadas, promueve la movilidad sin límites de bienes, información y dinero a través de las fronteras, al mismo tiempo que intenta restringir la movilidad de los migrantes. Las avenidas para la migración legal se limitan y los migrantes de los países pobres del tercer mundo se quedan sin otras opciones más que migrar, la mayoría de las veces sin autorización.

Dentro de los Estados Unidos, los salarios promedio por hora han caído firmemente mientras que las corporaciones exportan trabajos y producción a países más pobres. En una "carrera hacia el fondo,", estos países compiten entre ellos por medio de salarios bajos, eliminación de sindicatos, controles ambientales flojos, y economías insostenibles basadas en la exportación; todo con tal de ofrecer el mejor ambiente de inversión a los capitales foráneos. Muy frecuentemente estas medidas económicas son impuestas a estos países por los términos de sus préstamos y planes de "desarrollo" económico del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los tratados internacionales de comercio, aunque el resultado sea pobreza generalizada y crisis en la infraestructura de educación y salud. Estas medidas llevan a que los desesperados trabajadores busquen salarios para sobrevivir en los países más ricos de "el Norte," en donde es común que su estatus de indocumentados los haga vulnerables a la explotación de sus patrones.

La disparidad entre los más ricos y los más pobres ha aumentado muy rápidamente - en 1999, se estimaba que el 84.6% de la riqueza de la nación estaba en las manos del 20% más rico de la población de los E.U. Mientras que el 20% más pobre de la población solo tenía el 0.5% de la riqueza. Aunque algunos críticos puedan caracterizar la migración reciente a los E.U. como una "invasión". Las estadísticas muestran que hoy en los E.U. la población nacida en el extranjero es inferior al 10% de la población total - claramente menor que el 15% de población que representaba a principios de 1900. Internacionalmente la migración anual a los E.U. representa menos del 2% del número total de migrantes en el mundo.

La elegibilidad de un inmigrante para recibir servicios públicos dependerá de su estatus migratorio, independientemente de si entró a los E.U. antes de la reforma del "welfare" de 1996 o de si ya estaba recibiendo asistencia cuando la reforma se efectuó. El acceso a ciertos servicios públicos también variará según el estado en el que viva el o la inmigrante. Mientras que "los extranjeros no calificados" son inelegibles para ciertas formas casi todas las prestaciones federales, todavía son elegibles para ciertas formas básicas de asistencia, incluyendo: Atención Médica (Medicaid) de emergencia, vacunas, exámenes y tratamiento para enfermedades contagiosas, ayuda, no en efectivo, de corto plazo en caso de desastre, desayunos y almuerzos escolares, y algunos otros programas específicos esenciales para la salud y seguridad pública señalados por la Procuradora General.

De acuerdo con la Academia Nacional de Ciencias, el o la inmigrante promedio contribuye en impuestos con $ 1,800 dólares más de lo que recibe en servicios. Sin embargo, el gobierno federal "se lleva la tajada más grande" de los dólares de impuestos de los y las migrantes (aproximadamente dos tercios). Los estados y las municipalidades proveen la mayoría de los servicios que los y las migrantes usan - más notablemente la educación, la salud y la asistencia pública. Como resultado de esto, los estados y las municipalidades resultan "transadas" - forzadas a proveer servicios sin un ingreso suficiente. La reforma de la ley de "welfare", que prohibió o limitó el acceso de migrantes legales a la mayoría de las prestaciones federales, agudizó este dilema al retener todavía más fondos federales para los migrantes.

En los Estados Unidos y a nivel mundial, la emergencia de una violenta reacción anti-inmigrante durante los últimos años ha llevado a medidas que limitan severamente los derechos de los migrantes.En 1996 en los Estados Unidos se aprobaron tres leyes en este sentido:

  • El Acta Anti-Terrorista y de Pena de Muerte Efectiva agrupa unas cláusulas que afectan a los migrantes junto con aquellas diseñadas para contener el terrorismo. Entre otras medidas, establece una nueva corte encargada solamente de atender casos en los que el gobierno busca deportar extranjeros basándose en evidencia secreta presentada en forma de información clasificada. Aunque la corte para la evidencia secreta todavia no ha atendido ningún caso, el SIN (Servicio de Inmigración y Naturalización) ya ha usado la evidencia secreta en otros procedimientos en contra de migrantes.

  • El Acta de Responsabilidad de los Migrantes y la Reforma de Imigración Ilegal (IIRIRA por sus siglas en Inglés) Amplió el mandato del SIN para las operaciones de aplicación de la ley, eliminó derechos básicos de los migrantes en el acceso a procesos legales adecuados y cerró muchas avenidas que existían previamente para que los migrantes legalizaran su estatus.

  • Acta de Responsabilidad Personal y Reconciliación con las Oportunidades de Trabajo: Terminó con formas de asistencia médica y en efectivo para la mayoría de los migrantes y para otras personas de bajo ingreso. Desde 1996, los gobiernos estatales y locales han añadido medidas que limitan los derechos de los y las migrantes al acabar con la acción afirmativa, limitar el acceso a servicios sociales y restringir la educación bilingüe.

Varias modificaciones legislativas y decisiones legales recientes también han hecho más difícil entrar legalmente a este país y adquirir y mantener la residencia permanente. Se han dedicado más recursos a la inmigración como un asunto de "aplicación de la ley" en lugar de considerar sus dimensiones económicas, históricas y sociales. El SIN ha reforzado la aplicación de la ley: Construyendo nuevos centros de detención, entrenando y desplegando agentes de la patrulla fronteriza y de otras corporaciones, y utilizando equipo de alta tecnología, a pesar del impacto que esto tiene en los derechos humanos y civiles de los migrantes así como de muchas comunidades fronterizas.

A cinco años de que Estados Unidos puso en marcha la Operación Guardián en los linderos de California con México, el resultado ha sido un incremento del 400 por ciento en las muertes de indocumentados. En toda la frontera el gobierno mexicano estima un promedio anual de 330. El amplio operativo de vigilancia en esa zona fronteriza no desalentó la migración, pero el número de detenciones creció en un 50 por ciento, al pasar de un millón en 1994 a 1.5 millones en 1999, según datos del Servicio de Inmigración y Naturalización. En la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos, donde en 1997 entró la tercera etapa de ese programa, con el nombre de Operación Río Grande, desde 1993 el número de muertes fue creciendo y hasta el momento se han registrado 872 casos.

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