Después de la guerra, los terratenientes mexicoamericanos comenzaron a perder sus tierras a un ritmo desalentador. Ya sea a través del fraude o por la fuerza, los mexicanos que vivían en las regiones cedidas a los Estados Unidos fueron despojados de sus tierras.
Los mexicanos creyeron encontrar a un héroe en la persona de William McKendree Gwin, quien simpatizaba con sus reclamos. En 1851, el senado estadounidense aprobó el Acta para Asegurar los Reclamos de Tierra en California. Esta ley ordenaba que el presidente nombrara a tres oficiales como árbitros sobre dichos reclamos. Estas acciones se conducían de manera formal, y las dos partes en un reclamo podían apelar las decisiones de los árbitros ante la Corte de Distrito estadounidense y hasta la Suprema Corte de Justicia de la nación.
Pero mientras que el acta intentaba asegurar el trato justo de las demandas de los mexicanos por sus tierras, la ley en realidad hizo lo contrario. El proceso de proteger dichos reclamos resultaba muy caro. En esencia, solo los rancheros pudientes podían costear los larguísimos procesos legales. Muchos de aquellos con reclamos legítimos quedaban en la ruina ante los tremendos costos legales. A menudo, las tierras pasaban a ser propiedad de los abogados de los reclamantes como pago a sus servicios. Los mexicanos que contaban con ser protegidos por el acta vieron sus esperanzas destruidas.